Alerta sobre la situación constitucional en Venezuela
En una conferencia de prensa realizada en Miami, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio expresaron su preocupación por lo que consideran una “suspensión” de la Constitución venezolana. El presidente del TSJ en el exilio, Antonio Marval, afirmó que el país sudamericano enfrenta una grave ruptura del orden institucional.
Marval destacó que en la actualidad no existe un verdadero Estado de derecho en Venezuela. Según sus declaraciones, la Constitución ha perdido su vigencia práctica desde el 3 de enero, cuando se intensificaron los conflictos políticos. “La soberanía nacional ha sido materialmente desactivada y la constitución ha perdido su eficacia normativa como orden rector de la vida pública”, indicó.
Los magistrados señalaron que el país se encuentra en una etapa de “tutelaje” político e institucional. En este contexto, cuestionaron la posibilidad de llevar a cabo elecciones sin la existencia de instituciones independientes que garanticen derechos y transparencia. La magistrada de la Sala Constitucional, Cioly Zambrano, enfatizó que antes de cualquier proceso electoral es fundamental reconstruir las instituciones democráticas y restablecer las garantías para la población.
“No tenemos instituciones, no tenemos CNE, no tenemos Tribunal Supremo de Justicia que pueda garantizar los derechos, no tenemos el plan república que garantice la seguridad y garantías de las personas. Entonces, ¿podemos ir en estas condiciones a un proceso electoral?”, se preguntó Zambrano durante el encuentro con los medios.
La magistrada también subrayó que unas elecciones, en el contexto actual, no resolverían la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa Venezuela. La situación se agrava con la falta de un marco legal que respalde un proceso electoral transparente y justo.
Por su parte, Domingo Salgado, magistrado de la Sala Electoral, insistió en la necesidad de desmontar estructuras legales y políticas que, según él, han permitido la permanencia del chavismo en el poder durante los últimos años. “Tiene que irse desmontando y desmontando. No solo mediante el cambio de figuras maquilladas del Estado, como el caso del fiscal general o la defensora del pueblo, sino también hay que empezar a desmontar una serie de leyes que permitieron la permanencia del régimen, como la denominada Ley contra el odio”, afirmó Salgado.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fue constituido en 2017 por magistrados designados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en medio de una crisis institucional que ha llevado a la migración de miles de venezolanos. Desde entonces, sus integrantes operan fuera de Venezuela, sin percibir salario y denunciando persecución política y falta de independencia judicial en el país.
La crisis institucional y su impacto en la población
La situación en Venezuela ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población. La falta de instituciones que garanticen derechos fundamentales ha llevado a un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos se ha vuelto una constante en el día a día de los venezolanos.
Los magistrados en el exilio también hicieron hincapié en que la crisis no solo es política, sino que se ha convertido en una crisis humanitaria. La migración forzada de millones de venezolanos ha dejado un vacío en el país, afectando a familias y comunidades enteras. La diáspora venezolana se ha convertido en un tema recurrente en la agenda internacional, con países vecinos enfrentando desafíos para atender a los migrantes.
La falta de un marco legal que respalde un proceso electoral justo y transparente ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de cualquier elección que se convoque en el futuro. La desconfianza en las instituciones se ha arraigado en la sociedad, y la percepción de que el sistema está diseñado para favorecer a un grupo político específico se ha vuelto común entre los ciudadanos.
Los magistrados del TSJ en el exilio continúan su labor de denuncia y visibilización de la crisis en Venezuela, buscando apoyo internacional para restablecer el orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos. La comunidad internacional ha mostrado interés en la situación, pero las soluciones parecen lejanas en un contexto marcado por la polarización y la falta de diálogo.
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos que se desarrollan en el país. La falta de un Estado de derecho y la crisis humanitaria plantean desafíos significativos para el futuro de la nación.
La Constitución venezolana, según los magistrados, se encuentra en un estado de suspensión, lo que plantea interrogantes sobre el camino a seguir para restablecer la democracia en el país.
